María Eugenia Sandoval, el voto conciliador de la Tercera Sala deja la Suprema

La ministra Sandoval fue elegida de una quina por el Presidente Sebastián Piñera en 2011 y su nombramiento fue aprobado por el Senado por 34 votos a favor y dos en contra. Llegó a la Suprema en reemplazo de Urbano Marín.

Experta en derecho tributario -hizo clases en las universidades Católica de Chile y de Los Andres-, trabajó como abogada en la Fiscalía del Banco Concepción. Además, fue abogada especialista de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Chile, Colombia y en Estados Unidos. Previamente a su postulación para reemplazar a Marín en la Suprema, la ministra Sandoval fue abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel durante tres períodos: 2005, 2008 y 2011.

Y, aunque es la Segunda Sala Penal la que ve las causas tributarias en la Corte Suprema, la especialidad en esa área de la jueza Sandoval fue clave en los casos vinculados a esta materia que llegaron a la Tercera Sala Constitucional.

“Algunas de las herencias que dejará la ministra Sandoval es que ella contribuyó, por ejemplo, a que la Tercera Sala delimitara los contornos del secreto tributario como límite de acceso a la información pública”, explica a PAUTA el profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile Luis Cordero.

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La historia común con Muñoz

Tras la jubilación de la ministra Sandoval, el presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, será el integrante más antiguo de este tribunal, pues cumplirá 75 años en 2033.

La sala también está conformada por Ángela Vivanco -quien llegó en julio de 2018- y los dos nuevos supremos, Adelita Ravanales y Mario Carroza: ambos fueron nombrados en la Suprema recién en octubre y diciembre de 2020.

Durante los casi 10 años que Sandoval y Muñoz han trabajado juntos en la Sala Constitucional, han tenido más consensos que disensos.  “En términos de derechos, la ministra siempre fue una persona particularmente sensible a ellos en sus fallos”, dice Luis Cordero. “Y si hubiese que definir el rol de cumplió en la Tercera Sala, fue moderador y de búsqueda de consensos. Además, siguió la línea de ser un tribunal que da cuenta de las contingencias del país”, agrega. 

Muñoz y Sandoval no solo han sintonizado en el criterio de acoger recursos de protección y ordenar al Estado que financie medicamentos de alto costo para enfermedades que no cubre la Ley Ricarte Soto, sino que también en la sistematización del trabajo y sentencias de la Tercera Sala. Por ejemplo, mientras Muñoz presidía la sala, la ministra le dio operatividad y desarrollo. Se trata de la sistematización de los criterios jurisprudenciales de la Tercera Sala, que ha significado que investigadores de universidades cataloguen los fallos clasificándolos en grandes temas en la última década.

Sin embargo, ambos jueces sí tuvieron una diferencia. Fue cuando en octubre de 2019 la Tercera Sala emitió un fallo en el que en uno de sus párrafos señaló los fallos del Tribunal Constitucional (TC) pueden ser revisados vía recursos de protección tanto por la Corte Suprema como por las Cortes de Apelaciones.

La sentencia provocó una fuerte pugna con el TC, que emitió un duro comunicado público en contra de la Suprema, la que a su vez le respondió con otra declaración en los mismos términos. Si bien la ministra Sandoval fue parte de ese fallo, no firmó aquel comunicado en contra del TC y lo hizo saber.

Fue su única diferencia pública con Muñoz.

Salud, pensiones y contaminación

Asimismo, la ministra ha sido parte de los varios fallos en que la Suprema determinó que las isapre no pueden aumentar sus planes unilateralmente. En cambio, cuando la Tercera Sala acogió el recurso de protección que presentó la abogada María Pilar Iturrieta en contra de tres isapres que le negaron la incorporación a su hija por tener una preexistencia, María Eugenia Sandoval votó en contra.

En tanto, en materia medio ambiental, en mayo de 2019 la jueza fue parte de la votación de la Tercera Sala -en contra estuvo Aránguiz- que revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió nueve de los 12 recursos de protección que fueron presentados por habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví por los graves episodios de contaminación ocurridos en 2018.

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Ese mismo mes, Sandoval estuvo en la unanimidad que prohibió el acuerdo de Latam con American Airlines e IAG. Mientras que en abril de 2020 votó a favor elevar a más del doble las multas por colusión en contra de las tres principales cadenas de supermercados del país -Cencosud, Walmart y SMU-, por haberse coordinado para fijar los precios del pollo fresco entre 2008 y 2011.

Sus dos últimas sentencias fueron en enero pasado y ambas sobre temas ciudadanos: el fallo que ordenó a la Municipalidad de Nogales asegurar la provisión diaria de 100 litros de agua a cada habitante de esa comuna y la resolución que obligó al Colegio San Ignacio de El Bosque reincorporar a un estudiante con trastorno de déficit atencional (TDA).