Semana del 9 de mayo en la Convención
Las comisiones temáticas tuvieron las últimas votaciones de sus informes ante el Pleno. Con esto, finalizan sus labores formalmente y comienzan a sesionar las nuevas comisiones de Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo.
Lunes 9 de mayo
La comisión de Sistema Político presentó su último informe ante el Pleno de la Convención Constitucional. De esta forma, se cierran los artículos propuestos para pasar a la última etapa del proceso con las comisiones de Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo.
Con un amplio apoyo dentro de la Convención, se aprobó el artículo N°19 la desmilitarización de las policías. Se despachó al borrador constitucional que serán instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado y con competencia en todo el territorio de Chile. También, deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisiones.
El coordinador de la comisión, Ricardo Montero (Colectivo Socialista), celebró lo aprobado.
“Hay cambios estructurales que se tienen que realizar. Mayor control civil, mayor transparencia, una mayor formación enfocada en los derechos humanos, otra percepción del orden público. Eso se acerca mucho más a una policía moderna y democrática, que a un formato de trabajo militar”, dijo.
Sin embargo, no superó los dos tercios la norma que establecía que la composición de las policías en Chile eran “única y exclusivamente por Carabineros y la Policía de Investigaciones”, quedando fuera totalmente del debate constitucional.
Otra de las normas aprobadas por los convencionales en la instancia fue la definición de tres tipos de estados de excepción en el país.
Se estableció que en caso de conflicto armado internacional se convocará a un Estado de Asamblea. Al tratarse de conflictos internos del país, como una guerra civil, por ejemplo, se implementará un Estado de Sitio. Por último, para aquellos casos de calamidad pública, se llevará a cabo un Estado de Catástrofe, como lo podría ser la pandemia del coronavirus.
Será el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados quien tome la decisión de implementación. El Presidente de la República podrá hacer el llamado a alguno de estos tipos de estados de excepción, pero sólo este órgano legislativo podrá pronunciarlo.
Martes 10 de mayo
La Convención Constitucional no sesionó en el Pleno. El día fue exclusivamente de trabajo dentro de las comisiones temáticas para votar las normas transitorias que irán a la comisión respectiva.
La comisión de Sistemas de Justicia deliberó y votó un total de 57 disposiciones propuestas. Más de 40 lograron pasar la primera valla. Por ejemplo, respecto a los Centros Penitenciaros privados, se aprobó una indicación transitoria que indica que luego de que venza el plazo de la concesión, “estos deberán ser asumidos parte de Gendarmería de Chile o por la institución pública que determine la ley”.
Otra de las temáticas que logró el quórum requerido indicaba que “el órgano legislador dispondrá de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución para trabajar en la Ley del Defensor del Pueblo”, institución que reemplazaría al actual Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En reemplazo del Tribunal Constitucional aparece la figura de la Corte Constitucional, que según la norma transitoria aprobada en la comisión, “deberá quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución. Con todo, la Corte Constitucional podrá instalarse y comenzar a funcionar con, a lo menos, dos tercios de sus integrantes”.
Uno de los puntos que más causó revuelo tiene relación con las “reglas de la amnistía”. Finalmente, todas las disposiciones propuestas fueron rechazadas.
La Comisión de Sistema Político definió en el ámbito legislativo que “los capítulos, artículos y referencias al Poder Legislativo entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026, con excepción de las reglas de la Constitución para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de la Regiones”. Respecto a la Cámara Alta, un grupo de convencionales de Pueblo Constituyente, Coordinadora Plurinacional y escaños reservados, presentaron una disposición transitoria que buscaba “disolver el Senado al concluir el Quincuagésimo Sexto Período Legislativo del Congreso Nacional”. Sin embargo, esta propuesta no logró el apoyo mayoritario de la Comisión, rechazándose.
En cuanto a la figura del Ejecutivo, se aprobó una disposición que indica que “los capítulos, artículos y referencias al Presidente de la Republica entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026, con excepción de las reglas de la Constitución para elegir Presidente de la República que entrarán en vigor desde el momento de la convocatoria de dicho proceso electoral(…)”.
La comisión de Derechos Fundamentales estableció en derecho a la salud que el Presidente de la República deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto la creación e implementación del Sistema Nacional de Salud, “incluyendo la integración a la red de prestadores públicos a los hospitales y centros médicos vigentes de las Fuerzas Armadas y de Orden”. Esto deberá realizarse en un plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta nueva Constitución.
También, el mandatario deberá presentar un proyecto de ley que tenga por objeto definir los mecanismos y gradualidad de la “mancomunación de fondos de cotizaciones obligatorias” en un plazo de dos años desde la implementación de la nueva Carta Magna.
El artículo N°21 sobre el derecho colectivo indígena a sus tierras y territorios, se aprobó que en un plazo máximo de seis meses, prorrogable por seis meses más, desde la entrada en vigencia de la Nueva Constitución, el Presidente de la República deberá convocar una Comisión Territorial Indígena, quien deberá “desarrollar, impulsar y ejecutar una política de catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de tierras a los pueblos y naciones indígenas.”
Miércoles 11 de mayo
La comisión de Derechos Fundamentales votó su último informe en el Pleno sobre los derechos sociales.
En la instancia, se terminaron de articular las normas referidas al capítulo de salud. Un ambiente de emoción, aplausos y celebración se vivió en el hemiciclo del ex Congreso tras la aprobación de los incisos restantes de los artículos de la materia.
Se aprobó el inciso quinto del artículo N°14 en esta materia, pasando al borrador de la propuesta constitucional.
Inciso quinto Artículo N°14.- “El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud.”
En esa línea, logró los dos tercios el inciso sexto de la norma, la cual establecía que es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desrrollo de las instituciones públicas de salud.
Sin embargo, se rechazó el inciso décimoprimero del artículo N°14 que proponía que podrán existir seguros privados voluntarios, con la única finalidad de complementar o suplementar la cobertura asegurada por el financiamiento del Sistema Nacional de Salud.
En materia de educación, se despachó a la comisión de Armonización el artículo N°16 sobre el derecho a la educación, quedando establecido que todas las personas tienen este derecho y que esta debe ser un deber primordial e ineludible del Estado.
}También, quedó formulado que la educación se regirá “por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. Tendrá un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística”.
Por último, la educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios que establece esta Constitución.
El inciso primero del artículo N°17 alcanzó el cuórum de los dos tercios y pasó al borrador de la propuesta constitucional.
Inciso primero Artículo N°17.- “La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media”.
Se aprobó que el Estado deberá financiar el sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, con el fin de cumplir equitativamente los fines y principios de la educación.
En esa misma línea, se estableció que el sistema estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, articulándose bajo el principio de colaboración con el objetivo en la expereincia de aprendizaje de los estudiantes.
El artículo N°19 declaró en su primer inciso que la Constitución garantizará la libertad de enseñanza, y el Estado deberá respetarla.
También, se comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, “respetando el interés susperior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes”.
Se aprobó que se comprenderá la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos, en el marco de los infes y principios de la Constitución.
Jueves 12 de mayo
La comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad sufrió una verdadera paliza en el Pleno, y es que de los 13 artículos que presentaron, ninguno fue aprobado por la máxima instancia de la Convención.
La derecha anticipó su votación mientras se deliberaba e indicaron que el informe no tenía ningún sentido. Además, que todo lo que proponían ya se relaciona con lo que ya está aprobado en el borrador de la propuesta constitucional. Por lo mismo, muchos ni siquiera votaron en la instancia.
Sin embargo, fue sorpresiva la votación de los convencionales del Frente Amplio, Colectivo Socialista e Independientes No Neutrales, quienes fueron interpelados por los convencionales de pueblos indígenas por haberlos “apuñalado por la espalda”.
“Lo que molesta es cuando te pegan en la espalda y te dicen amigo y después te pegan la apuñalada por detrás. Eso es lo que nos molesta, la hipocresía, pero no del sector del rechazo porque ellos no son incidentes cuando se rechaza una norma, estoy hablando de las otras fuerzas políticas. PS (Colectivo Socialista), Frente Amplio, INN (Independientes No Neutrales), ex Concertación. Todos ellos dan discursos hermosos en el Pleno, pero después se abstienen. Estoy molesta, no lo voy a negar. Estoy molesta por la hipocresía”, comentó la convencional del pueblo colla, Isabel Godoy (Esc reservados pueblo colla).
Viernes 13 de mayo
La comisión de Sistemas de Justicia votó su último informe en el Pleno, en que se regulaban organismos como la nueva Corte Constitucional, el Banco Central y el Ministerio Público.
Respecto a la integración y las atribuciones de la Corte Constitucional, el Pleno aprobó el artículo Nº66, que establece que deberá estar integrada por 11 jueces: cuatro elegidos por mayoría por el Congreso y la Cámara de las Regiones, tres elegidos por el Presidente de la República y cuatro elegidos por el Consejo de la Justicia.
Entre sus atribuciones, descritas en el artículo Nº69, se encuentran resolver los conflictos de competencia entre el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, o entre éstas y el Presidente de la República. Además, deberá pronunciarse respecto a la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de preceptos legales, decretos o resoluciones del Presidente.
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También, se aprobaron los nuevos objetivos del Banco Central y la integración de su Consejo. El texto que pasó la Comisión de Armonización consagra en su artículo Nº38 que “le corresponderá en especial al Banco Central, para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”. Además, se acordó que “el Banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno”.
El Consejo del Banco Central, en tanto, estará integrado por siete consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Tendrán una duración de diez años sin posibilidad de reelección. El presidente, en tanto, durará cinco años con posibilidad de reelección.
Finalmente, la instancia aprobó las nuevas normas del Ministerio Público, que estará presidido por un Fiscal Nacional y no por un Consejo Superior. El Fiscal Nacional tendrá un mandato de seis años sin posibilidad de reelección, y será nombrado por acuerdo del nuevo Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones.
El artículo Nº8 establece las distintas atribuciones del Fiscal, entre las que se encuentran: “dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité del Ministerio Público” y “representar a la institución ante los demás órganos del Estado”.
Además, se aprobaron reglas referidas al Comité del Ministerio Público, que estará integrado por el Fiscal Nacional y los fiscales regionales, y deberá “asesorar al Fiscal Nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos”.
Sábado 14 de mayo
La sesión 103 del Pleno marcó el final de las sesiones deliberativas. Con la votación del último informe de la comisión de Medio Ambiente, el borrador constitucional alcanzó los 499 artículos aprobados, que pasarán a partir del 17 de mayo a la comisión de Armonización.
Entre las temáticas abordadas en la instancia estuvieron la conservación de los ecosistemas y la regulación de las concesiones mineras.
En relación a las aguas, se aprobó el artículo Nº5, que establece que “el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad a la ley”. También se incluyó en el borrador final una norma que entrega al Estado el deber de garantizar “la protección de los glaciares” y sus entornos. El artículo Nº9, en tanto, categoriza al mar territorial y a las playas como “bienes comunes naturales inapropiables”.
Además, se rechazaron las normas que aseguraban que “las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento, requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley”.
Al finalizar la deliberación, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, celebró lo vivido los últimos meses y afirmó que “cumpliendo con todos los plazos establecidos, han ingresado hoy los últimos artículos al borrador de texto constitucional. Por fin tenemos el borrador de normas permanentes de la nueva Constitución“.