El fracturado TC que zanjaría la suerte del tercer retiro desde las AFP

En diciembre el Gobierno triunfó por el voto dirimente de su presidenta María Luisa Brahm. Ahora el escenario incierto, con un quiebre interno y con la opción de que Brahm no vote.

Si en julio del año pasado, tal como se había evaluado, el oficialismo hubiese recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el primer retiro del 10 % de los fondos de las AFP , se habría encontrado con diez ministros que atravesaban por una primera crisis institucional. Ese escenario, pensaban tanto desde el Gobierno como desde Chile Vamos, era incierto. Y, finalmente, fue una de la razones por las que nadie recurrió al TC.

Sin embargo, cuando el Congreso impulsó el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, Sebastián Piñera sí lo hizo, para lo que fichó al abogado Gastón Gómez. Y, en diciembre de 2020, en un empate de 5-5 que se equilibró en favor del Ejecutivo solo gracias al voto dirimente la presidenta del TC, María Luisa Brahm –quien fue su jefa de asesores en su primer Gobierno–, logró que la moción se declarara inconstitucional.

Fue un fallo que redactó el ministro Iván Aróstica y en el que se consideró que este tipo de reformas transitorias a la Constitución en materia de pensiones son atribuciones exclusivas del Presidente. Y que ni el Congreso “ni ninguna magistratura o autoridad le está permitido apropiarse de las atribuciones radicadas en otro órgano del mismo Estado, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias”.

Pero casi cuatro meses después de esa resolución, el Gobierno ya anunció que recurrirá de nuevo ante el TC si prospera el proyecto de un tercer retiro del 10%, el que se votaría este jueves 15 de abril. El problema es que el escenario de quiebre al interior del TC es más profundo que el de fines de 2020. Incluso, de haber un empate, esta vez el Gobierno podría eventualmente no contar con el voto dirimente de la presidenta.

El factor Brahm

La pregunta se la formularon la mañana del miércoles 7 de abril, en un punto de prensa, al ministro la Segpres, Juan José Ossa. Fue respecto de cuáles opciones baraja el Gobierno en caso de recurrir al TC, debido a la complicada situación interna de la que Brahm es protagonista: podría ser suspendida tras el sumario en su contra por acoso y maltrato laboral, por lo que el Ejecutivo arriesga una derrota si no cuenta con su voto dirimente.

“Es una situación hipotética. A nosotros no nos compete inmiscuirnos en asuntos relacionados a los distintos tribunales y, en este caso, al Tribunal Constitucional. Y nuestro rol no es convencer solo a los ministros que en su minuto declararon inconstitucional el segundo retiro, sino que nuestro objetivo es, ojalá, convencerlos a todos”, respondió Ossa.

Sin embargo, el tercer retiro abre más incertidumbres jurídicas que el segundo. Esto, pues esta vez los parlamentarios pretenden modificar un artículo permanente de la Constitución y no uno transitorio, como fue lo ocurrió en julio y diciembre de 2020. Con ello, el criterio del Pleno podría variar. Pero, incluso así, se abre la interrogante frente a un eventual empate.

Para el segundo retiro, la posición del Ejecutivo contó con los votos de cinco jueces. Además de Brahm, acogieron su tesis Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier, Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez. Este último juez, en todo caso, fue un voto que mantuvo en tensión hasta última hora al Gobierno, pues previamente había rechazado que el recurso se acogiera a trámite. Incluso, fue extremadamente crítico con la presentación.

En contra estuvieron María Pía Silva, Nelson Pozo Silva, Rodrigo Pica, Gonzalo García además de un voto inesperado de un ministro que, usualmente, coincide en sus fallos con los jueces del grupo que acogió el requerimiento: Juan José Romero. 

Una crisis en alza

El sumario por acoso y maltrato en contra de Brahm está a cargo del ministro Rodrigo Pica, quien ya partió con los interrogatorios. La presidenta aún no testifica.

Pica tiene 30 días para investigar, prorrogables por otros 30. Y, una vez terminado el sumario, de haber sanciones, una de ellas es la suspensión por dos meses del cargo sin goce sueldo. En ese escenario, y si avanza el tercer retiro, María Luisa Brahm podría no ser parte del Pleno, y por lo tanto, no poder votar.

Pero hay otro factor que, en estos momentos, pesa en el TC: el tribunal está internamente quebrado.

Una crisis que partió en abril de 2020, cuando Brahm dijo en una entrevista que, antes de que llegara a la presidencia y aludiendo a los casos de derechos humanos, que “antes de que yo llegara, había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo, al límite de la corrupción”. Y apuntó a su antecesor en el cargo, Iván Aróstica, pues era quien “decidía y proponía qué causa se ve en el Pleno”.

Sin que terminara por resolverse ese conflicto -hay una indagatoria abierta en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras una denuncia de la diputada Carmen Hertz (PC)-, a mediados de marzo se abrió otro flanco para Brahm, cuando al secretaria del TC, la abogada María Angélica Barriga, la acusó a viva voz, y ante el Pleno, de maltrato.

Una denuncia que se sumó a la de Asociación de Funcionarios del TC, que  preside Leonardo Carrasco; a la del exchofer de la presidenta, Cristián Suárez; y a la de Julio Ortiz, exjefe director de Administración y Finanzas y a la del jefe de Informática.

Este martes 6 de abril hubo un nuevo hecho que denunció María Angélica Barriga, quien ante el Pleno dijo que hubo un “allanamiento ilegal” al TC, en febrero de 2020, sin que los ministros se enteraran. Y que esa diligencia estaba en conocimiento de Brahm y su jefa de gabinete.

Son hechos que la secretaria del TC recibió de parte de un conserje y que llevará al Ministerio Público. Incluso, se mostraron grabaciones de las cámaras del edificio de calle Huérfanos.

Ahora Brahm analiza querellarse por la filtración de esa información.