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Los siete capítulos presidenciales de la semana social más crítica en democracia

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El Presidente Sebastián Piñera en La Moneda el sábado 26 de octubre. Créditos: Agencia Uno
POR Eduardo Olivares |

El Presidente Piñera anunció que prepara un cambio de gabinete justo una semana después de iniciarse el estado de emergencia.

“He pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos”, dijo el Presidente Sebastián Piñera desde un punto de prensa en el Patio de Los Naranjos, en La Moneda.

Lo anunció este sábado 26 de octubre, pasadas las 11:35 AM.

Sus palabras ocurren una semana después de que ordenó la salida de los militares a las calles para contener el mayor brote de violencia y saqueos que se recuerde en democracia.

En PAUTA repasamos cómo el Gobierno modificó su proyección pública en los siete días socialmente más convulsionados de la política chilena en los últimos 30 años.

El paciente cero

Ningún aumento de costos o de precios es popular. Nunca. Por lo tanto, que la ministra de Transportes, Gloria Hutt, haya solicitado a la Dirección de Presupuestos una fórmula para aplacar el incremento de $30 en el pasaje del Metro no solo era esperable, sino que incluso rutinaria en cualquier servicio. Y también fue rutinaria la respuesta de la entidad presupuestaria: había una ley y debía cumplirse.

Cuando las evasiones en el Metro -primero de los estudiantes, luego de distintos usuarios- se intensificaron durante la semana pasada y se fueron cerrando estaciones, distintos parlamentarios comenzaron a pedir acciones a La Moneda.

El viernes 18 de octubre por la tarde, el mensaje desde el Ejecutivo fue más bien unívoco: se aplicaría todo el rigor de la ley contra quienes ya a esa hora estaban causando destrozos cuantiosos en las instalaciones de Metro, en actos simultáneos que daban cuenta de una evidente coordinación.

Destrucción de la estación de Metro San Pablo.
Destrucción de la estación de Metro San Pablo. Créditos: Agencia Uno

A las 19:14 de ese día, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, condenó los hechos de violencia y vandalismo desatados durante esa jornada y que se intensificarían por la noche. Rodeado de la ministra Gloria Hutt y del presidente de Metro, Louis de Grange, Chadwick recordó que se aplicaría la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La mano dura

La jornada de ese viernes pareció interminable. Los ataques a decenas de estaciones del Metro se sucedían como si fueran escenas de otros países, otras épocas, otras realidades. La imagen de una escalera en llamas, adjunta al edificio de Enel en Avenida Santa Rosa, a pasos de la Alameda y a solo 850 metros de La Moneda, agudizó aún más ese golpe de realidad.

Edificio Enel. La escalera de emergencias en llamas. Créditos: Agencia Uno

En algún momento de la noche, además, se viralizaron fotografías del Presidente comiendo pizza en un restaurante de Vitacura, justo cuando la desesperación por el caos se apoderaba de vecinos y alcaldes. La Moneda confirmó la visita del Mandatario a ese local, aunque explicaron que se debía a que uno de sus nietos estaba celebrando allí su cumpleaños.

Pero había desinformación entre los propios ministros.

Ya entrada la noche, el titular de Defensa, Alberto Espina, fue convocado a La Moneda porque el Jefe de Estado había determinado que se requería la intervención militar ante la incapacidad de Carabineros de controlar la magnitud del estallido. El decreto en cuestión requería la firma de Espina y la de Chadwick.

Facsímil de la publicación en el Diario Oficial del decreto de estado de emergencia.
Facsímil de la publicación en el Diario Oficial del decreto de estado de emergencia. Créditos: PAUTA

En compañía de Chadwick, Espina, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del recién nombrado Jefe de Defensa Nacional para las zonas metropolitanas que quedarían en estado de emergencia, general de división Javier Iturriaga, el Presidente fue delineando su mensaje a la ciudadanía.

El viernes se acabó. Así, 13 minutos entrados al sábado 19 de octubre, el Presidente desplegó sus primeras palabras a la Nación sobre los críticos hechos y lo hizo con un tono duro y golpeado. Tras anunciar el decreto de estado de emergencia, expuso el objetivo: “Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuesto a destruir una institución tan útil y necesaria como es el Metro, y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas“.

Fue la mano dura.

Hacia el final de su discurso (no aceptó preguntas de la prensa, como no lo haría en varias ocasiones posteriores durante la semana), comentó que entendía “las carencias” de las personas, pero que el sistema de precios del transporte público está establecido por ley y calculado por especialistas. De ese modo, en lo que parecía una cadena nacional de medianoche, habló del precio del dólar, del valor del petróleo y del panel de expertos.

La mano del sábado

La violencia no cesó en la madrugada del sábado, incluso frente al despliegue inicial de los militares en la Región Metropolitana. Por el contrario: tras vandalizar distintos puntos de la red de Metro, los actos delictivos se extendieron a los centros de abastecimiento de la población: los supermercados.

Supermercado Unimarc incendiado en Valparaíso. Créditos: Agencia Uno
Supermercado Unimarc incendiado en Valparaíso. Créditos: Agencia Uno

Hubo turbas que saquearon cientos de supermercados y comercios, y varios de ellos fueron luego quemados. Al menos siete personas murieron calcinadas.

Durante buena parte de ese sábado, sin embargo, hubo un cierto silencio gubernamental. Aunque durante la mañana hubo una vocería de la ministra secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, sus palabras fueron más bien de contexto e incluso debieron hacerse cargo de la visita del Presidente a la pizzería la noche previa. “De repente somos tan cuestionadores en cosas que son tan humanas”, expresó: “Tenemos derecho a estar con nuestros seres queridos”.

Esa misma mañana, otra figura del Gobierno forzó otro discurso, más bien asociado a la comprensión del fenómeno de malestar y no solo a la evidente condena a los vándalos y delincuentes. Quien habló fue la intendenta metropolitana, Karla Rubilar (RN): “Enfrentando la emergencia, también escuchamos. Y el Presidente escuchó ayer. Y nos vamos a sentar y vamos a dialogar y vamos a conversar todas las veces que sea necesario para ir […] asumiendo la frustración que pueden tener muchos ciudadanos”.

En paralelo, el senador RN por la misma región Manuel José Ossandón salió molesto de la reunión del Comité Político especial de la mañana del sábado, pues sintió que La Moneda aún era incapaz de entender la tesitura de la molestia ciudadana. De acuerdo con testigos de lo ocurrido esa mañana, Presidencia optó por explicar por vastos minutos cómo funcionaba el mecanismo de aplicación de tarifas del Metro (por medio de un polinomio definido por ley) en vez de comenzar por el diagnóstico del impacto social que ya estaba encima del tablero.

En ese ambiente incierto, el Partido Comunista se posicionó rápidamente en favor de las protestas y, cuando condenó la violencia, lo hizo desde la tribuna de fustigar a un lado y al otro. Los representantes del Frente Amplio transitaron por una avenida parecida, mientras que los partidos de la ex Concertación midieron la temperatura.

Recién a las 18:50 el Presidente Piñera hizo su punto de prensa, en la cual adelantó que propondría la anulación del alza del pasaje de Metro (sería aprobada en forma exprés entre domingo y lunes en el Congreso), volvió a condenar los actos de violencia y además se refirió a que comenzarían los toques de queda, que se iniciaron esa misma noche.

Los alcaldes de la Región Metropolitana, en especial aquellos de comunas periféricas, clamaban por una mayor presencia de fuerzas de seguridad. No había dobleces entre la solicitud emanada de alcaldes de la oposición o del oficialismo.

Mientras tanto, el conflicto ya se estaba desbordando fuera de Santiago.

El domingo en guerra

Los balances del domingo hablaban de nuevas zonas con focos de destrucción. Aunque no se llegó a los niveles del viernes ni del sábado, la madrugada del domingo hubo vecinos que empezaron a vestirse con chalecos amarillos para defender sus casas y creció cierta alarma por posibles nudos de desabastecimiento.

Vecinos en Puente Alto vestidos de chalecos amarillos para evitar el saqueo a un supermercado y sus casas. Créditos: Agencia Uno
Vecinos en Puente Alto vestidos de chalecos amarillos para evitar el saqueo a un supermercado y sus casas. Créditos: Agencia Uno

Ciudades en regiones también prendieron con las protestas y los actos vandálicos, al punto de que los estados de excepción constitucional se fueron extendiendo a Coquimbo, Valparaíso y Biobío.

Durante la mañana, el Presidente convocó a los representantes del Poder Legislativo (senador Jaime Quintana y diputado Iván Flores) y del Poder Judicial (Haroldo Brito), de modo de entregar una gran señal como Estado.

Pero la tensión por la agitación de los grupos vandálicos continuaba.

Fue entonces cuando comenzó a circular un archivo con un entonces supuesto audio de una conversación de la Primera Dama, Cecilia Morel, con una amiga (La Moneda confirmaría con posterioridad la autenticidad de ese relato). Allí dice, por ejemplo: “Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“.

Escuche el audio de la Primera Dama:

Como reflejo del nerviosismo que atenazaba a La Moneda durante esa jornada, en la noche el Presidente pronunció probablemente el mensaje más cuestionado de la semana: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas; que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del Metro, nuestros supermercados con el único propósito de producir el mayor daño posible. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad“.

Estaba flanqueado por el ministro Espina y por el general Iturriaga.

Desde el general a Bachelet

A la mañana siguiente al mensaje presidencial, ya el lunes 21 de octubre, el general Iturriaga diría, durante una rueda de prensa: “Mire, yo soy un hombre feliz. La verdad es que no estoy en guerra con nadie”.

Dado el revuelo que causó su respuesta, el general pediría más tarde que no interpretaran sus palabras y con los días sucesivos fue disminuyendo sus informes verbales.

El frenesí del trabajo en el corazón del Gobierno se retomó para dar entonces, tras el reconocido error comunicacional presidencial, un rumbo más receptivo a las demandas de los ciudadanos que estaban protestando en forma pacífica. 

Fue entonces cuando, además, irrumpió, en medio de la vorágine, el llamado que envió la expresidenta Michelle Bachelet revestida como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por medio de un comunicado, pidió evitar “la polarización de palabra o de hechos” y solicitó a todas las partes detener la violencia.

“Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días. Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”, y agregó un énfasis relacionado con las eventuales violaciones a los derechos humanos: “Las autoridades deben actuar en estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley. Hay acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército”.

Apoyó, de hecho, la labor que desde el inicio ha tenido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). A ese día el balance oficial planteaba que habían muerto ocho personas, con 1.906 personas detenidas y otras 44 personas habían resultado heridas.

En el comunicado de prensa de Naciones Unidas, se decía, al describir lo sucedido, lo siguiente: “La crisis en el país empezó después de que la semana pasada, el presidente Sebastián Piñera decidiera subir el precio de pasaje del metro. Como protesta, los estudiantes comenzaron a evadir el pago masivamente, ingresando a los andenes sin pagar“. Pero han sido incluso exautoridades del segundo gobierno de Bachelet quienes han planteado que esa alza del pasaje respondía a una activación de la ley y, por lo tanto, no representaba en rigor una decisión del Presidente Piñera.

Manifestación pacífica Plaza Ñuñoa, lunes 21 de octubre. Créditos: Agencia Uno
Manifestación pacífica Plaza Ñuñoa, lunes 21 de octubre. Créditos: Agencia Uno

Las protestas sin incidentes comenzaron a notarse más activas, sobre todo en sectores como Plaza Ñuñoa y Plaza Italia. Pero hubo, no obstante, columnas que se movieron al sector oriente de Santiago que obligaron al Ejército a desplegar tanquetas y camiones a Providencia y Las Condes. Hubo incluso algunos incidentes alrededor de la Escuela Militar.

Ejército resguarda la Escuela Militar, lunes 21 de octubre
Ejército resguarda la Escuela Militar, lunes 21 de octubre. Créditos: Agencia Uno

En cualquier caso, esa noche por primera vez el Jefe de Estado modificó el tono de su discurso. No comenzó, por ejemplo, con una condena a los actos violentos, sino con un “comprendo, comparto y he escuchado con atención y con empatía sus carencias, sus dolores, sus problemas, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor para ustedes y para sus familias“. Y trazó cuatro ejes de propuestas para un “Acuerdo Nacional” al que invitaba a todas las fuerzas políticas: en materia previsional, de salud, laboral y de tarifas de ciertos servicios.

Intentó, además, justificar su mensaje bélico de la noche anterior al plantear que estaba indignado con la destrucción de la infraestructura pública y privada.

Hasta esa hora, el PC ya había desestimado cualquier visita a La Moneda en rechazo a la presencia militar en las calles. En el Frente Amplio se decantaba por no asistir (aunque sí para dejar un petitorio vía oficina de partes), y desde Palacio contaban con que acudirían los partidos oficialistas y los de la ex Concertación.

La ausencia socialista y las primeras medidas

Pero hubo una colectividad que no llegó a La Moneda: el Partido Socialista. En una decisión con gran discusión interna, criticada hasta ahora por numerosos militantes, la directiva se unió a la justificación comunista de no avalar el diálogo con el Presidente mientras se mantuviera el estado de emergencia.

Quienes sí acudieron fueron los representantes de las colectividades de Chile Vamos y, del lado opositor, el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana. A juicio de los dirigentes de la oposición, esa era la única manera de plantearle directamente al Presidente una agenda profunda de cambios para canalizar el malestar ciudadano.

En la misma mañana del martes 22 de octubre, los dirigentes empresariales reunidos en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) plantearon una respuesta unificada ante la crisis. “En estos días hay un Chile distinto, nosotros no solamente queremos escuchar con oídos grandes y en profundidad, sino que también tenemos que abrir nuestras mentes”, afirmó el presidente de la multigremial, Alfonso Swett.

Tras una serie de reuniones durante todo el día, y en medio de nuevas marchas en todo el país y denuncias recurrentes de organizaciones como el INDH sobre presuntos abusos militares y policiales, el Presidente resolvió hablar a las 21:28 horas.

Entonces, pidió perdón: “Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión“.

Anunció una serie de medidas, algunas nuevas como la creación del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de $350 mil o un seguro catastrófico de salud, o un alza del 20% de las pensiones solidarias, y otras más bien de impulso a agendas ya incorporadas en el flujo legislativo, como la institucionalidad que reemplazará al Sename.

La respuesta inmediata de los actores políticos fue de libreto: el oficialismo indicó que corresponden a una reacción adecuada, y la oposición consideró que eran insuficientes.

Derechos Humanos y el Congreso

Las jornadas de miércoles 23 y jueves 24 estuvieron enmarcadas sobre todo en dos frentes: derechos humanos y tramitaciones legislativas.

La Moneda abordó la creciente cantidad de denuncias asociadas a supuestas vulneraciones a los derechos humanos. No solo llegó a cinco el número de personas muertas por disparos de uniformados, sino que se fueron sumando los recursos de amparo interpuestos especialmente por el INDH.

Representantes del INDH en La Moneda
Representantes del INDH en La Moneda, encabezados por Sergio Micco (al centro). Créditos: Agencia Uno

El presidente de ese instituto, Sergio Micco, se entrevistó con el Presidente Piñera. “Hemos expresado al Presidente de la República nuestra grave preocupación por la violación a los derechos humanos [cometidas] durante estos días de protestas“, afirmó. En ese reporte planteó que han presentado recursos de amparo y querellas por homicidios, violencia sexual y apremios ilegítimos.

Respecto de las Fuerzas Armadas, el Gobierno aseguró que están buscando cumplir con los protocolos internacionales. “Nos han hecho presente que, ocasionalmente, puede existir un error o alguna persona en alguna situación específica jamás deseada”, expuso en un punto de prensa al mediodía del jueves 24 el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

En medio de esa tensión, el propio Presidente Sebastián Piñera comunicó que solicitaría tanto a la oficina de la alta comisionada de la ONU como a Human Rights Watch que supervigilaran el cumplimiento en Chile de los protocolos sobre derechos humanos.

Piñera conversó con Bachelet sobre esta iniciativa. Y, a través de Twitter, la exmandataria confirmó su decisión de desplegar en Chile a personal de su oficina.

En forma paralela se fueron sucediendo las negociaciones en el Congreso.

El miércoles por la mañana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sorprendió a los parlamentarios al plantear en Radio PAUTA que había llegado a la convicción de que era necesaria una política de fijación de precios de los medicamentos. 

PAUTA confirmó que el proyecto de ley respectivo está en elaboración. La iniciativa obtuvo un respaldo inicial de legisladores de la oposición y del oficialismo.

Además, el jueves 24 de octubre la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral semanal a 40 horas, y por otra parte el Presidente Piñera anunció el envío de una iniciativa legal para estabilizar el precio de las cuentas de electricidad.

En entrevista en PAUTA Bloomberg, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, explicó que se trata de un mecanismo que anulará el último incremento: “El efecto que esto va a tener es que vamos a congelar las tarifas de la luz, no vamos a tener el alza que se había anunciado y que estaba ya en curso de 9,2%, que se iba a aplicar ahora en octubre. Eso se congela“.

La gran marcha de 1,2 millones

El viernes el país, en general, y Santiago, en particular, comenzó con una cierta dosis de normalidad. El transporte público disponible estuvo activo, los comercios fueron abriendo de a poco y los desórdenes nocturnos se redujeron. Aumentó también el flujo de personas que concurrió normalmente a su trabajo.

En La Moneda, el Presidente se reunió con representantes de organizaciones de adultos mayores y aprovechó de anunciar el envío al Congreso de indicaciones al proyecto de Reforma Previsional. Informó, en esa instancia, la decisión del Ejecutivo de subir hasta en cinco puntos porcentuales (desde 4,2 puntos de la propuesta original) la futura cotización previsional, siempre con cargo al empleador.

A partir del mediodía del viernes 25 de octubre, hubo gente en las calles. Primero, miles. Pero la magnitud se fue extendiendo. En Santiago, la Plaza Italia vivía otro día de convocatorias generales, pero esta vez parecía distinto. Por cierto muy distinto al viernes 18, cuando la destrucción paralizó los puntos neurálgicos del transporte capitalino.

Marcha por la Alameda del 25 de octubre de 2019. Créditos: Agencia Uno
Marcha por la Alameda del 25 de octubre de 2019. Créditos: Agencia Uno

Entre la Alameda y Avenida Providencia, por varios kilómetros, y con brazos que se abrieron a la calles laterales, se juntaron cerca de 1,2 millones de personas. En su mayoría se trató de ciudadanos de entre 20 y 40 años, con cierta prevalencia de entre 20 y 30 años, pero que por cierto incluyó a generaciones más jóvenes y también mayores. Hubo familias, por un lado, y algunos manifestantes que encendieron fogatas y saltaron sobre los paraderos del Transantiago, por el otro. Pero se trató, en resumen, de más de un millón de personas protestando en forma pacífica.

Un millón 200 mil personas se reunieron en Santiago, con la Plaza Italia como centro, el 25 de octubre de 2019. Créditos: Agencia Uno
Un millón 200 mil personas se reunieron en Santiago, con la Plaza Italia como centro, el 25 de octubre de 2019. Créditos: Agencia Uno

Las fuerzas policiales cercaron el perímetro alrededor del Palacio de La Moneda y utilizaron bombas lacrimógenas en distintas direcciones, así como otros disparos no letales que han sido denunciados por provocar un incremento de traumas oculares y otras lesiones entre diversos manifestantes.

La marcha en Santiago y en regiones duró varias horas.

Durante un recorrido en helicóptero, la intendenta Rubilar felicitó esa convocatoria en la capital.

A las 21:25 horas, sería el propio Presidente Sebastián Piñera quien se uniría para destacar la marcha por un “Chile más justo y solidario”, que “abre grandes caminos de futuro y esperanza”. 

La desmilitarización en marcha

Con una semana frenética a cuesta, el Presidente Piñera optó por un sábado templado en la mañana del 26 de octubre para adelantar tres decisiones: primero, que no habría más toques de queda. Así se confirmaría después por cada zona de Defensa Nacional del país.

Segundo, que a partir del domingo cesarán los estados de emergencia, aunque ello podría estar supeditado a las condiciones que se detecten en este par de jornadas. Y, junto con ello, llamó a una “Nueva Agenda Social” que considere el diálogo con agentes de la sociedad civil, lo que de hecho ya comenzó este mismo sábado con una convocatoria realizada por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, tal como adelantó PAUTA.

Y tercero, lo más anticipado: el ajuste de gabinete. Según expresaría luego el Mandatario, en esta nueva etapa buscará otro perfil de ministros, con un enfoque “más justo y solidario”.

De acuerdo con datos obtenidos por PAUTA, el cronograma del Mandatario indica, hasta ahora, realizar el cambio de gabinete este lunes 28 de octubre por la mañana. Los ministros que, según comentan distintas fuentes del oficialismo, saldrían con alta seguridad son los de Interior (Andrés Chadwick), Transportes (Gloria Hutt) y Economía (Juan Andrés Fontaine). Los dos primeros por sus responsabilidades políticas directas en el inicio de la crisis, mientras que lo de Fontaine está asociado a sus dichos (aclarados por él numerosas veces) sobre el “beneficio” de pasajes en Metro más baratos para quienes madrugaban. 

El lunes como día de cambios ministeriales tiene otro sentido. No solo ya se habrán conocido sondeos que muestran a Piñera con una reducción enorme de popularidad (algunas encuestas lo sitúan con un respaldo de apenas 14%, el más bajo del que se tenga registro en democracia), sino que ese día llegará a Chile la delegación de la oficina de Michelle Bachelet. Esa visita durará hasta el 22 de noviembre.

El INDH será una contraparte de esos observadores y les presentará un informe con las acciones y datos recogidos por el organismo. Al actualizar su reporte este sábado 26 de octubre, el INDH indicó un conteo de 3.163 personas detenidas. Ha presentado 15 recursos de amparo y acumula 70 querellas por denuncias relativas a violencia sexual (15), homicidios (cinco) y “torturas y otras por tratos crueles, inhumanos y degradantes” (50).

Según el Poder Judicial, se han presentado 167 recursos de amparo de distintas organizaciones ante las Cortes de Apelaciones, de los cuales 100 están en tramitación.