Política

18-O dos años después: cuánto cambió la política chilena

El segundo aniversario del estallido social está marcado por las elecciones y el trabajo de fondo que comienza en la Convención. ¿Cuánto cambió la conversación y el tono del debate público en estos 731 días?

Por Gladys Piérola M.

Domingo 17 de octubre de 2021

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El aniversario del 18-O tendrá un aire distinto al anterior. Han pasado dos años de aquella fecha de 2019 y la de este año cae entre dos hitos: la recta final de las elecciones presidenciales y parlamentarias y el inicio de la discusión de fondo de la posible nueva Constitución. Será un día simbólico, dicen desde la Convención, pero no por eso menos polémico, porque estará cargado de conmemoraciones con un inevitable tinte electoral. 

Este lunes 18 de octubre se cumplen 24 meses de la revuelta social que marcó un cambio de ciclo, un quiebre en las relaciones políticas y también un gran interrogante sobre cómo será el próximo gobierno y Congreso bajo los nuevos parámetros, y con el debate sobre una nueva Carta Magna como hoja de ruta. Como explica un importante dirigente del oficialismo, "la fórmula para salir de la crisis fue la democracia y la Convención. Queremos que se genere un nuevo pacto, un nuevo ciclo de estabilidad y progreso, pero no sabemos el resultado de esta historia". 

"Creo que la centroderecha ha perdido una tremenda oportunidad de hacer una bajada más social y no con esa visión más tradicional que enfoca todo desde la economía y que no tiene ninguna sensibilidad por lo que pasa con los miles de personas que salieron a la calle", reflexiona el exdiputado, expresidente de RN y excandidato presidencial, Mario Desbordes.  

El estallido social profundizó la crisis institucional y puso a prueba la frágil confianza que existía en la política. Los partidos, organismos tradicionales y los tres poderes del Estado estuvieron -y siguen- bajo la lupa ciudadana. Luego vino un factor inesperado: el covid-19 y sus consecuencias. Aún no se sacudían las esquirlas dejadas por semanas de movilizaciones masivas y también de episodios violentos cuando la pandemia llegó y agudizó el panorama sanitario, social y económico.

"El 18-O es un momento de conmemoración, porque también trajo consigo graves violaciones a los derechos humanos; hechos de violencia como la quema del metro, que hasta hoy no se sabe quiénes son los responsables, y una serie de momentos tensos en la sociedad chilena y que afortunadamente, gracias al diálogo, a la conversación y a la disposición de enfrentar las transformaciones de manera institucional, hoy están encausadas en la Convención Constitucional", dice a PAUTA el diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien en este proceso tuvo su propio estallido: pasó de tener un quiebre con su partido y ser un solitario firmante del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019 a convertirse en el abanderado frenteamplista de Apruebo Dignidad y el mejor posicionado en las encuestas. 

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"A dos años del 18-O, Chile se encuentra en un momento complejo e incierto, donde el proceso constituyente es la respuesta institucional que hemos entregado, pero cuyo resultado es fundamental para la estabilidad política en lo que se viene", asegura a este medio el constituyente de Vamos por Chile, Hernán Larraín Matte. El extimonel de Evópoli estuvo en la primera línea del oficialismo hace dos años y hoy está instalado en la Convención. Desde ahí asegura que la responsabilidad del mundo político es cuidar al órgano redactor. "Hay que trabajar para que esto resulte, no hay más alternativas", agrega. 

El estallido social aceleró un cambio generacional que venía a paso lento. La "nueva política", la "vieja política" y las responsabilidades sobre los 30 años desde el retorno de la democracia con sus pro y contras se tomaron el debate en este período. "En las tropas nuestras se fortalecieron los flagelantes y se enmudecieron los complacientes", señala a PAUTA el exministro e histórico dirigente del PPD, Francisco Vidal. 

Para Vidal, el 18-O "tuvo un efecto muy fuerte en la dirigencia de la centroizquierda, porque para decirlo fácil, les estalló en la cara. Claro, les estalló más a algunos que a otros lo que se venía incubando hace tiempo". 

En algunos sectores este quiebre fue más traumático que en otros. Quizás, en las colectividades más tradicionales de la izquierda y de la derecha lo sintieron con más fuerza, y los hizo replantearse en sus comisiones políticas, comités centrales y consejos nacionales cómo era relación con la ciudadanía y con sus propios militantes. "Los que tenemos juventud acumulada nos alegramos muchísimos cuando un joven toma nuestras banderas. El Partido Comunista ya se venía transformando en temas de género y de espacio a nuevas generaciones, pero esto lo aceleró el estallido social", dice a este medio el diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier. 

Desde 2019, hay varios hitos que marcan ese recambio generacional tanto dentro de las tiendas políticas como en los votantes que convocan. Parte de esto fue el efecto que logró el fin a la reelección indefinida o la paridad de la Convención, que obligó a los partidos a cambiar los elencos y también a renovar -o a encontrar- un relato para llegar a nichos que antes no se movilizaban.

"Se nos abre un espacio a nuevas generaciones, sobre todo de centroderecha, porque el 18 de octubre, el Plebiscito y lo que vino después marcó la peor derrota de la derecha en la historia democrática de nuestro país. A los que somos más jóvenes nos obliga a hacer una autocrítica y tratar de entender cuáles fueron las causas del 18-O. Yo creo que algunos aún no terminan de entender que pasó y esto significa construir un relato que va mucho más allá de lo económico", confiesa a PAUTA el convencional Eduardo Cretton (UDI), quien con 25 años es el constituyente más joven del oficialismo. 

Por ejemplo, en el Plebiscito un tercio de los votantes tenía menos de 35 años y en la primaria presidencial, Boric (35) y Sebastián Sichel (44) ganaron con una buena base de votantes jóvenes, cambiando así un bolsón electoral donde los más adultos se quedaron en la casa, ya sea por miedo a contagiarse de covid-19 o por desafección. Este factor se notó también en la megaelección de mayo de 2021, tanto en la Convención como en los comicios municipales. La edad promedio de los convencionales electos es de 44 años y en el Frente Amplio, bloque donde más crecieron en número de alcaldes, sus 13 jefes comunales tienen una media de edad de 34 años.

Un panorama similar se ve en la elección presidencial: los siete candidatos promedian 51 años, el número más bajo en 60 años. Y si gana, Gabriel Boric, con sus 35 años, sería el presidente más joven en un siglo. 

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"Algunos quiebres son bien reales, otros han sido impulsado por los analistas de manera un poco exagerada", dice Desbordes. 

En estos dos años, Desbordes fue parlamentario, presidente de RN, ministro de Defensa y fallido candidato presidencial, con alta dosis de polémica interna y también con una cuota de crítica hacia la gestión del Gobierno y su propio sector. "No veo que la política esté desechada por la ciudadanía sino lo que la dejó de lado. Varios de los alcaldes nuevos de izquierda que ganaron las últimas elecciones lo hicieron con las banderas de su partido al tope. Y esto porque un grupo minoritario de nuestro sector quería bloquear los cambios en vez de impulsarlos. Si hubiésemos tenido las iniciativas y las fuerzas de impulsar nosotros esos cambios que la gente quería, probablemente el resultado hubiese sido distinto", comenta a PAUTA

Un tema que ha marcado estos dos años es la idea que hay que alejarse de todo lo que huele a política tradicional. La Convención fue el reflejo de esto y tuvo una participación récord de candidatos no militantes. Por ejemplo, de los 155 convencionales, sin contar a los escaños reservados, el 64% (88) es independiente y solo el 36% (50) milita en algún partido. Claro, se ajustaron la leyes para permitir que compitieran en listas y el resultado fue un reordenamiento de fuerzas: la derecha quedó golpeada, en minoría y no alcanzó su apreciado tercio; la centroizquierda, salvo el PS, obtuvo malos resultados; el FA se instaló como eje articulador en la Convención con el Colectivo Socialista y otros bloques, y que surgieron nuevos referentes de izquierda como La Lista del Pueblo (LLDP). 

En este último caso, el fenómeno de La Lista del Pueblo descolocó a los partidos e hizo rasgar vestiduras a la izquierda más tradicionalEl bolsón electoral era atractivo y varios vieron en este grupo un espacio para hacer guiños. El movimiento surgió en el marco de las protestas sociales de 2019 y alcanzó 27 escaños en la Convención (17,4%). Sin embargo, ya instalados en la sede de Santiago del Congreso, las nuevas figuras también vivieron su propia crisis, muy similar a las peleas de la "vieja política".

En pocos meses, la LLDP se dividió, se separaron de la marca y algunos se reagruparon en un nuevo colectivo. Pese a sus ansias de proyectarse electoralmente, no lograron inscribir ningún candidato para las parlamentarias, aunque en algún minuto apoyaron la campaña a senadora de una de las víctimas del estallido, Fabiola Campillai. Peor les fue con la presidencial, se dividieron entre nombres y fórmulas y cuando lograron proclamar a Diego Ancalao como su carta, el Servel rechazó la candidatura por irregularidades en la recolección de firmas

Pero quizás el golpe más duro para el bloque y para la propia Convención vino después por parte de uno de sus íconos: el convencional Rodrigo Rojas Vade mintió sobre su enfermedad y se descubrió que no tenía cáncer.

Hoy, para la elección de noviembre, los independientes fuera de listas son mínimos. Si bien los partidos abrieron sus puertas a rostros no militantes, por fuera de los pactos solo dos nombres lograron sumar los patrocinios necesarios para llegar a la papeleta por las suyas: Campillai como senadora por la RM y César Leiva, quien durante años fue el hombre tras "Contralorito", hoy busca un cupo a la Cámara por el Distrito 8. 

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Otro punto que se agudizó desde el 18-O fue el descuelgue de los parlamentarios en las discusiones decisivas. Pasó en la izquierda y en la derecha y se convirtió en un dolor de cabeza para el Gobierno y para la propia dirigencia partidaria, pues ordenar las filas internas fue cada vez más complejo. Este punto se agudizó el último año con la pandemia, el período electoral y los retiros desde los fondos previsionales, donde se han visto amenazas, acusaciones de populismo, renuncias y una crisis profunda a partir de los díscolos.

"En ese tiempo hubo que ser díscolo y no me arrepiento. El Gobierno se paralizó. No quiso avanzar en ayudas sociales y hoy a todo el mundo le da vergüenza los $65 mil del primer IFE, pero en esos minutos teníamos un Gobierno que pensaba que era lo correcto. Creo que llegamos tarde para ayudar a las pymes y a muchas personas. Por eso, estoy orgulloso de haber sido díscolo", comenta Mario Desbordes, quien fue uno de los más activos en el oficialismo para el primer retiro desde la AFP. "Estoy supertranquilo y a conciencia con lo que se hizo en el primer retiro del 10%. Los que hablaban en ese minuto en contra del retiro hoy pueden decir, 'mire, fue malo', pero no sabemos las consecuencias que pudo haber tenido en lo social si no hubiésemos tenido ese retiro. Es muy fácil hoy pontificar", agrega.

El tema también permeó otros debates y tensiona a las directivas que se dividen entre apagar la polémica o pasar a instancias disciplinarias. Incluso, ahora el descuelgue amenaza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera y también los apoyos presidenciales.

El "vitrineo" a Kast por parte de Chile Podemos Más (ex Chile Vamos) y a Boric por personeros de Nuevo Pacto Social son parte de este síntoma. "El talento del futuro gobierno será cómo disciplina al futuro Congreso, a esas bancadas, porque las tareas van a ser infinitas. Si gana la izquierda o la centroizquierda, vamos a tener una derecha en guerra desde el primer día y no será fácil tramitar una reforma tributaria de ocho puntos", dice Francisco Vidal.

En la Convención este tema también preocupa, en especial ahora que se parte de la discusión de fondo de los contenidos. Los bloques internos funcionan distintos a los comités parlamentarios y se sienten mucho más alejado de cualquier instrucción de partido. "Son códigos distintos entre la Convención y el Congreso. La vida partidaria también es diferente", explica a PAUTA el constituyente del Colectivo Socialista Ricardo Montero

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La figura presidencial en crisis permanente

El segundo aniversario del estallido coincide también con la crisis del Gobierno, los sucesivos cambios de gabinete y la desafección de la coalición oficialista con las decisiones de La Moneda y del propio Presidente. 

De hecho, enero de 2020 y abril de 2021 serán meses difíciles de olvidar para el Mandatario. En estos dos meses se registraron las cifras de aprobación más bajas no solo de su gobierno, sino desde el regreso de la democracia. En enero 2020, aún con las esquirlas del 18-O, la CEP le dio apenas un 6% de apoyo ciudadano. Un año después, y en medio de la pandemia, fue el tercer retiro y su decisión de llevarlo hasta el Tribunal Constitucional lo que lo desplomó nuevamente por bajo de los dos dígitos. 

La derecha tuvo en este periodo su propio quiebre entre los que pensaban en una refundación más social y a quienes entendieron el proceso de otra manera. "Hay una parte de la derecha que es bien negacionista, como si no existiera malestar ciudadano", dice un dirigente oficialista. Ese mismo espíritu hoy tensiona las filas internas entre los que apoyan la campaña de Sichel y los que están demandando más orden y seguridad y se sienten convocados por la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast

El cierre de la administración Piñera y la instalación de su sucesor se proyecta complejo. El nuevo mandatario solo tendrá un año e incluso menos para manejar la agenda, y que el resto estará marcado por el resultado de la nueva Constitución e incluso con la posibilidad de que se convierta en un Presidente de transición. "El próximo gobierno será el más difícil desde 1990, por lejos", advierte Vidal. 

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Y el antecedente más importante para sostener este vaticinio es la experiencia de los últimos dos años. Con un Congreso de minoría, el 18-O y la pandemia se ha hecho más difícil la convivencia del poder Ejecutivo con el Legislativo. En marzo de 2020, solo un par de días antes que se declarara la alerta sanitaria por Covid-19, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD) señaló en entrevista en La Tercera que "si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto". 

Quintana, autor de varios conceptos célebres -como la "retroexcavadora", en el segundo gobierno de Michelle Bachelet-, instaló un debate que ha atravesado desde el estallido y que se ha transformado en un constante tironeo entre La Moneda y el Congreso, con especial foco en las ayudas sociales y económicas para enfrentar la pandemia. En el centro estuvieron las tensiones por los retiros previsionales, los montos del IFE, la reforma de pensiones o la agenda de mínimos comunes. 

Es cosa de recordar los "round" entre el Gobierno y la sucesora de Quintana, la senadora Adriana Muñoz (PPD) o también el encendido discurso con el cual Yasna Provoste (DC) asumió la presidencia de la Cámara Alta en marzo de 2021. "Chile necesita un equilibrio de poderes que no paralice la acción perentoria del Estado en favor de la protección y el empoderamiento de las personas", dijo en ese minuto la ahora candidata presidencial de Nuevo Pacto Social.

Piñera, por su parte, acusó una y otra vez que se estaban saltando las reglas del juego y que esto era el resultado de un grupo de parlamentarios "haciendo un uso abusivo de un resquicio, de una elusión constitucional", al querer legislar materias de iniciativa exclusiva presidencial vía reformas transitorias. El ejemplo más claro: los retiros del 10% en todas sus versiones y las ida y vueltas al Tribunal Constitucional. 

De hecho, el nuevo régimen político y la relación entre el Congreso y el Ejecutivo es uno de los temas más importantes y será de los más debatidos en la Convención, porque al menos de lo que se conoce hasta ahora es altamente probable que el presidencialismo que existe actualmente se cambie.

"No ha terminado la crisis que produjo el estallido social. Esta se ha agudizado por los tantos problemas que se van a enfrentar de aquí en adelante, incluso el próximo periodo presidencial va a ser complejo y difícil", agrega el diputado Teillier. 

Se corre el eje Estado-mercado

"El 18 de octubre es un momento para pensar en cómo avanzamos hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea más equitativo, más digno y más igualitario para todos", señala el diputado Boric. Es precisamente este punto el que se relaciona con los cambios al actual modelo y sus grados de profundidad uno de los temas que ha marcado la discusión de estos 24 meses. En las protestas se leían carteles pidiendo mejores pensiones, mejor salud, mejores sueldos y mejor educación, entre otros.

Hoy el rol del Estado y del sector privado está en el centro de la discusión constitucional y también presidencial. En la izquierda el cambio del modelo es la bandera de lucha y "no más AFP" se instaló como consigna, mientras que en la derecha hay una parte que defiende esos cambios, pero con más apellidos y más moderación que la oposición. "A los que quieren creer que aún es posible volver a lo que era Chile antes del 18 de octubre, es imposible. Se está desarrollando un ciclo político nuevo y eso requiere cambio, pero esos cambios tienen que ser en paz, en orden, en tranquilidad y sin violencia", agrega el constituyente Cretton. 

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Al otro lado, el constituyente Montero explica que en este debate hay códigos nuevos que la Convención ha sabido leer, como pensar cuáles son los mínimos que debe entregar el Estado, la mirada medioambiental a largo plazo, el rol del feminismo en la política, la descentralización y la plurinacionalidad, entre otros. "Hay que entender que hay un nuevo paradigma. El estallido social significa pensar y repensar el país y la sociedad en la que vivimos. El que no entienda eso se va a quedar en el pasado. Los que están por el partido del viejo orden significa que no han querido escuchar y no han entendido lo que ha pasado", añade el convencional del PS. 

En el caso de la oposición, la izquierda y la centroizquierda tiene sus propias diferencias, en especial ante el complejo escenario económico que se vive con el aumento de la inflación y el incremento de tasa determinado por el Banco Central. "El peso del péndulo está hacia correr el cerco hacia una sociedad más justa y mi única aprehensión es que cuando el péndulo se exagera se produce la reacción contraria. El ascenso de Kast en las encuestas no solo se debe a la situación de Sichel, sino  a cuando se estira demasiado el chicle de muchos maximalismos de izquierda en la Convención", advierte Francisco Vidal. 

Una discusión altamente relevante en este tema es qué pasará con el sistema previsional, cuánto finalmente será el aumento de la cotización, cuánto tendrá de componente solidario y cuánto de cuenta individual, qué tan protagonista será el Estado en la administración de los fondos y que pasará con el futuro de las propias AFP y el sector privado.

Un debate que se dará en un contexto de debilitamiento de los ahorros de los trabajadores: según datos de la Superintendencia de Pensiones, los tres retiros significaron una salida de unos US$ 48 mil millones desde las cuentas de capitalización individual.

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El 18-O también enfrentó la discusión sobre la violencia de esos días, el destrozo de la propiedad pública y privada, el devastamiento de gran parte de la red del metro, el actuar de los agentes del Estado y las violaciones a los derechos humanos.

De hecho, esto último instaló en gran parte de la oposición la idea de una reforma policial profunda a Carabineros, lo que fue reafirmado por una serie de recomendaciones hechas por las cuatro instituciones internacionales que fueron observadores del proceso: Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Desde octubre del 2019, el Ministerio Público recibió más de 8.500 denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo de ellas, cerca de 2.000 fueron reagrupadas con otros procesos, por lo que quedaron activas un poco más de 6.500. El 46% de ellas fueron cerradas sin formalizaciones por falta de pruebas y víctimas inubicables, según publicó Ciper en marzo pasado.

Según el último informe del INDH, con datos actualizados al pasado 21 de septiembre, de las 3.072 querellas que tienen presentadas, 70 de ellas se encuentran formalizadas, con 136 imputados formalizados y cuatro condenas. "Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización", dijo esta semana el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

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En lo político, el tema también se tornó en un fantasma permanente para el Presidente Piñera. Primero fue una acusación constitucional que no avanzó y luego fue la arista legal. En julio pasado el Mandatario declaró ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien llegó hasta su casa para interrogarlo en el marco del caso que investiga por la responsabilidad del jefe de Estado en los eventuales delitos de lesa humanidad tras el estallido. Además de enfrentar el caso en la justicia chilena, el Presidente también tiene a la vista las consecuencias internacionales, luego que el exjuez Baltazar Garzón presentara un recurso ante la Corte Penal Internacional por el mismo tema

El tema también tiene otras aristas. El Congreso y la propia Convención debatieron sobre sus implicancias y responsabilidades. Y también se abrió la polémica por una propuesta de ley de indulto para los denominados "presos del estallido", con una iniciativa que fue impulsado por una parte de la oposición y que no ha avanzado en el Senado.

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